«Una lucha por los recursos»: el desacuerdo de la DEA con México podría tener otros motivos

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) recientemente emitió su posicionamiento en torno a la reforma al Poder Judicial próxima a discutirse en el Congreso de la Unión de México. Ante ello, el país latinoamericano criticó lo que consideró un intento de injerencia en los asuntos locales.

En un texto del periodista mexicano Salvador García Soto en el diario El Universal, se señaló que la agencia antidrogas estadounidense envió un comunicado interno donde consideró que la iniciativa para modificar al Poder Judicial mexicano permitiría un mayor avance de los cárteles del narcotráfico.

La reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en febrero de este año plantea que los jueces y magistrados del país, así como los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean electos a través del voto popular.

De acuerdo con lo revelado por el periodista, la DEA considera que esta reforma provocaría que el crimen organizado promueva a sus abogados para acomodarlos en el entramado del Poder Judicial nacional.

«Se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y, para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?»

expresó López Obrador.

¿Un desacuerdo que no acabará?

El posicionamiento de la DEA en torno a los asuntos internos de México se suma a la lista de desacuerdos que la agencia ha tenido con la actual Administración que encabeza el presidente López Obrador.

«La DEA en realidad nunca va a estar de acuerdo con la reforma que se hizo en enero de 2021 a la Ley de Seguridad Nacional, la cual limita su rango de actuación en territorio mexicano. Las desavenencias de la DEA y el Gobierno mexicano tienen esta procedencia», considera Javier Gámez, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista.

En enero de 2021, entró en vigor una serie de medidas para aumentar las restricciones de los agentes extranjeros en el país. Se retiró, por ejemplo, cualquier tipo de inmunidad para los elementos de corporaciones extranjeras como la propia DEA.

Desde el comienzo de su Administración, López Obrador ha expresado su rechazo a la injerencia de EEUU en la política interna del país. Y aunque las relaciones binacionales han sido positivas, el Gobierno de López Obrador ha sugerido que la DEA tiene una campaña en su contra.

A principios de año, medios de comunicación publicaron información obtenida desde fuentes de la agencia antidrogas haciendo referencia a una investigación en torno a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, la cual presuntamente recibió alrededor de dos millones de dólares del crimen organizado. Las notas periodísticas aclaraban en ambos casos que se desconocía si el político mexicano sabía de estos supuestos ingresos irregulares.

«Hemos visto que, en otras ocasiones, cuando les interesa incidir en este tipo de procesos, [los funcionarios de la DEA] filtran información sensible que permita cambiar la percepción de la población mexicana y otorgar información que apunte a probables consecuencias que podrían hacer perder la confianza en México. Como vimos durante la elección presidencial, este tipo de operaciones suele tener eco con los medios de comunicación», dice a Sputnik Aníbal García, doctor en Estudios Latinoamericanos y experto en la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.

Luego de informarse sobre la investigación que comenzó la DEA en contra del círculo cercano del presidente López Obrador, la Casa Blanca negó la existencia de una carpeta activa en contra del mandatario mexicano.

Algo similar ocurrió recientemente con el posicionamiento del Gobierno de Joe Biden sobre la reforma judicial en México. Brian Nichols, subsecretario de Estado para América Latina, se limitó a decir que sea cual sea el cambio al marco jurídico del país latinoamericano, es necesario que se cumplan los acuerdos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Qué pretendería la DEA?

El especialista Gámez sostiene que la Administración Biden ha sido respetuosa del Gobierno que encabeza el presidente López Obrador desde su comienzo en 2018.

«Yo creo que uno de los objetivos [de la DEA] es desestabilizar la relación entre el Gobierno estadounidense y el mexicano (…). La DEA tiene conexiones con la oposición mexicana, con la derecha, y también por ahí se puede ver este intentar este desequilibrio entre estos dos Gobiernos», señaló.

Por su parte, el doctor García destaca que las reformas judiciales en México ocurridas desde el 2007 contaron con la intervención activa tanto de la DEA como de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) e, incluso, del Departamento de Estado y el de Justicia de Estados Unidos.

Lo anterior, dijo, se hizo en el marco de la Iniciativa Mérida, un programa de cooperación en materia de seguridad pactado por el Gobierno del expresidente George W. Bush con el de su entonces homólogo en México, Felipe Calderón.

«Lo que están defendiendo son esos esfuerzos que hicieron desde 2007 para modificar al Poder Judicial en México. Incluso en cuestiones de comercio, los inversionistas [extranjeros] consideran algo favorable tener un Poder Judicial en México similar al de Estados Unidos», consideró.

Por otra parte, el doctor Gámez ahonda que las agencias estadounidenses funcionan con autonomía dentro del entramado del poder en Estados Unidos, por lo que también existen pugnas entre sus intereses.

«Es una lucha por los recursos que exigen para la DEA, recursos que pueden ser ocupados para el monitoreo de los cárteles de la droga en México y, por ejemplo, se utiliza esta crítica a la propuesta de reformar el sistema judicial como una oportunidad de meter o de entrometerse en los asuntos internos pensando en que es parte del trabajo de la DEA, pensando que ellos pueden prender focos rojos», señala.

El especialista comenta que esta injerencia en los asuntos internos de México forma parte de una intención por obtener más recursos que les permitan seguir extendiendo sus operaciones.

¿El narco llegará al Poder Judicial?

Ambos especialistas desestiman la advertencia lanzada por la DEA, la cual ya ha sido secundada por otras voces en el país norteamericano. Por ejemplo, Mike Pompeo, exsecretario de Estado de los Estados Unidos durante la Administración Trump, acusó en una editorial publicada en el diario The Wall Street Journal que la reforma judicial ocasionaría «caos, estancamiento y una guerra comercial».

La reforma que presentó el presidente López Obrador en febrero de este año detalla que los perfiles que competirán en las urnas para la conformación del Poder Judicial en todos sus niveles serán elegidos tanto por el Ejecutivo, el Legislativo e incluso el propio Judicial.

Además, la reforma, perfilada a discutirse en septiembre, prohíbe la intervención de los partidos en las campañas de los aspirantes.

«Primero se tiene que aprobar a nivel constitucional la reforma y después ya se vería cómo se va a cuidar, por ejemplo, que no pasen esos escenarios, en los cuales los cárteles de la droga puedan meter dinero en una elección para los jueces. Eso está por verse, o sea, se tiene todavía que organizar y legislar leyes específicas para que se den esos procedimientos», destacó Gámez.

Por su parte, el doctor García sentenció que la DEA o cualquier otra agencia estadounidense deberán respetar la decisión soberana del país: «En caso de no respetar esa decisión, el Gobierno actual o el nuevo deberá evaluar la relación bilateral».

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