El 25 de septiembre de 2024, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta reforma, que formaliza una situación que ya se daba en la práctica, desplaza a las policías estatales y municipales en las labores de seguridad pública, asignando la gestión operativa, financiera y administrativa de la Guardia Nacional a SEDENA.
La justificación de la reforma es que no busca militarizar al país, sino fortalecer el desarrollo de la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad pública de México, bajo la supervisión de SEDENA, con un enfoque en combatir la impunidad y garantizar el respeto a los derechos humanos.
La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una institución de carácter civil, y hasta ahora ha estado integrada en gran medida por personal del Ejército. Con esta reforma, quienes están asignados a la Guardia Nacional conservarán su estatus dentro del Ejército y la Fuerza Aérea, así como sus beneficios y antigüedad.
Estadísticas de seguridad muestran que la violencia en el país no ha disminuido; en 2020, se registraron más de 36,000 homicidios, lo que sitúa a México con una de las tasas más altas de criminalidad en América. La «cifra negra» de delitos no denunciados o investigados sigue siendo alta, especialmente en casos de secuestro, extorsión y robo.
Críticos señalan que la militarización de la seguridad pública no ha sido efectiva para reducir los índices de violencia, y subrayan que estas tareas deberían seguir siendo responsabilidad de las policías locales y municipales, que tienen mayor conocimiento de la protección de los derechos humanos y la prevención del delito
