La próxima gobernadora de Aguascalientes tiene entre sus principales retos implementar políticas públicas que garanticen un buen manejo del agua para los próximos futuros, así como su distribución equitativa para los ciudadanos.
De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 95.6% del estado sufre sequía moderada y el 4.4% sequía severa, aunado a que el acuífero del Valle de Aguascalientes –el más importante para el estado– es uno de los más sobreexplotados en el país, pues tiene una recarga anual de 249.60 millones de metros cúbicos frente a la extracción de 347.53 millones de metros cúbicos al año.
En este contexto, el abastecimiento de agua es una de las banderas políticas favoritas en el presente proceso electoral. Entre el 50 y el 60% del total de viviendas no cuentan con el servicio las 24 horas del día, por lo que tener agua potable constituye una de las principales exigencias de la población en los once municipios de la entidad.
De acuerdo con especialistas, el reto es enorme, involucra una planeación a largo plazo que requerirá la transformación del sistema hídrico con políticas transversales, y negociaciones importantes no solo en la entidad sino también en la región.
Pero, hasta ahora, las candidatas Tere Jiménez, de la alianza PAN-PRI y PRD; Nora Ruvalcaba, de Morena; Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano; Martha Márquez, de la alianza PT y Partido Verde; y Natzielly Rodríguez, de Fuerza por México; han presentado propuestas insuficientes para solventar las necesidades del estado en este rubro.
Para Alex Ricardo Caldera Ortega, oriundo de Aguascalientes, especialista hídrico y catedrático de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, uno de los factores fundamentales para garantizar la buena gestión del agua es una estrategia que ponga en la balanza la demanda para consumo humano e industrial, y las reservas que tiene el estado.
“Aguascalientes vive con estrés hídrico dada la situación del ciclo hidrosocial del agua que ha generado mayor presión por el tipo de actividad económica que requiere de dicho recurso. El estado depende 100% del agua subterránea para el consumo humano, para la actividad industrial –que ha ido acumulando derechos en los últimos años– y el 75% para la agricultura, mientras que el agua superficial está concesionada al 100% para la agricultura”,
Por:Monica Cerbon
Fotos:Jose Roberto Guerra/Cuartoscuro/Juan Jose sifuentes
